El intendente de Río Grande, Martín Pérez, expresó una profunda preocupación por las recientes decisiones del Gobierno nacional que afectan directamente la industria de teléfonos celulares en Tierra del Fuego. Las nuevas medidas, que modifican los procesos productivos y eliminan beneficios arancelarios, ponen en riesgo cerca de 400 empleos industriales en la provincia, agravando la delicada situación económica local. La región, conocida por su industria tecnológica y por ser un polo de empleo y desarrollo, enfrenta un escenario de incertidumbre ante estas decisiones que amenazan el sustento de miles de familias.
IMPACTO DE LAS MEDIDAS NACIONALES EN LA INDUSTRIA FUEGUINA
Las modificaciones en los procesos productivos de teléfonos celulares, sumadas a la eliminación de la protección arancelaria contemplada en el decreto 333/25, generan un efecto negativo en la competitividad de las empresas locales. La protección arancelaria y el subrégimen industrial han sido históricamente pilares de la economía fueguina, permitiendo la generación de empleo estable y la consolidación de una industria tecnológica que ha sido símbolo de soberanía y desarrollo en el extremo sur del país.
El jefe comunal recordó que estas políticas no solo afectan a los empleadores, sino que también tienen repercusiones directas en las familias que dependen de estos trabajos. La pérdida de empleo puede traducirse en menos consumo, cierre de comercios y una mayor incertidumbre en la comunidad, generando un círculo vicioso que afecta toda la economía local.
Martín Pérez enfatizó que la situación ahora requiere una evaluación cuidadosa por parte del Gobierno nacional. La pérdida de empleos en Tierra del Fuego no solo significa un impacto económico, sino también social, afectando el bienestar de las familias y la estabilidad de la comunidad. La reducción en la actividad productiva puede derivar en un aumento en la tasa de pobreza y en la dificultad para acceder a servicios básicos, profundizando aún más la crisis social en la región.
El intendente hizo un llamado a las autoridades nacionales a revisar estas decisiones y considerar el impacto social de las mismas. La industria fueguina no solo representa un motor económico, sino también una política estratégica de soberanía para Argentina, que permite mantener presencia en una zona clave del país y garantizar empleos duraderos.
LA IMPORTANCIA DE LA INDUSTRIA Y LA SOBERANÍA
Para Martín Pérez, la protección de la industria fueguina es fundamental para la historia y el futuro del territorio. La ley 19.640 y el subrégimen industrial han sido herramientas esenciales que permitieron a Tierra del Fuego consolidar su economía y fortalecer su identidad como región productiva y soberana. La pérdida de estos beneficios sería un retroceso de décadas, debilitando la presencia del Estado y la economía local.
El intendente concluyó señalando que defender la industria en Tierra del Fuego es defender el futuro de miles de familias. La estabilidad laboral, el arraigo territorial y la soberanía son valores que deben preservarse ante decisiones que puedan poner en riesgo estos logros. La comunidad espera que las políticas públicas se orienten hacia el fortalecimiento del empleo y la protección del sector industrial, que ha sido y debe seguir siendo un pilar fundamental del desarrollo regional y nacional.
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